¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

A partir del 1 de enero de 2022 la Ley del Ingreso Mínimo Vital sufre modificaciones que te pueden afectar.  Inserción del complemento de ayuda a la infancia, modificación de los umbrales de concesión por renta y patrimonio, entre otras novedades que vamos a analizar más detenidamente a continuación.

¿Cómo puedo recibir el Ingreso Mínimo Vital?

Los requisitos que debes cumplir para obtener el Ingreso Mínimo Vital se han visto modificados, abriendo la puerta para que pueda llegar a más hogares.

Esta es la lista de los requisitos para obtener el Ingreso mínimo Vital:

1. No superar el 300% de la renta garantizada del IMV para el tipo de hogar del solicitante.
2. No superar el 150% del umbral de patrimonio correspondiente al tipo de hogar del solicitante

¿Cuáles son las mejoras que se introducen en el Ingreso Mínimo Vital?

En esta modificación se amplían las coberturas de colectivos especialmente vulnerables como son las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y exploración sexual, así como los aquellos menores que se encuentren bajo tutela del estado o entidades públicas.

Otra reivindicación que se ha incorporado al Ingreso Mínimo Vital es la equiparación de las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo. En el caso de personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia.

Para el cálculo de cómputo de rentas consideradas para recibir el Ingreso Mínimo Vital, no se han tenido en cuenta aquellas que reciben los dependientes y las prestaciones o subsidios por desempleo.

Pero no solo se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital con las medidas anteriormente indicadas, sino que también se ve modificado el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia que pasa de 12 a 6 meses, en el caso de titulares menores de 30 años, se rebaja de 3 a 2 años la acreditación de independencia.

¿Cómo solicito el Ingreso Mínimo Vital?

Para conocer los requisitos y estudiar el caso en particular, concierta tu cita con nuestro despacho de abogados y te informaremos de todos los por menores que necesitas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

El Ministerio quiere facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, por lo que ha puesto en marca el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación.

¿Cuándo entra en vigor los cambios?

La Ley 19/2021, entra en vigor el 1 de enero de 2022. Esta Ley se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y cuatro anexos.

Como te puedes imaginar es una ley larga y bastante burocrática. Por eso hemos preparado el siguiente resumen de las novedades de esta norma:

1. Disposiciones generales

La figura de esta ley se considera como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizándose una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

2. Ámbito

Se recogen las características que deben cumplir las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital :

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia

b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia, sin vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

No se exigen estos requisitos en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual; tampoco se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores en los tres años anteriores a la mayoría de edad, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

La definición considera de la unidad de convivencia, será aquella constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Se extiende a mujeres víctimas de violencia de género, parejas en trámites de separación, personas que abandonaron su domicilio por desahucio, etc.…

3. Objeto de la acción protectora

El ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica que se fija y se hace efectiva mensualmente mientras se mantengan las condiciones para su recepción.

La prestación parte de la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior:

a) Un beneficiario individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. Se le sumará un complemento del 22% si el beneficiario individual tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b) Una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. A esta cuantía se sumará el equivalente a un 22% de la cuantía de la letra a) si la unidad de convivencia es monoparental. También puede sumarse un 22% más si en la unidad de convivencia se incluye alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Anteriormente hablamos del complemento de ayuda para la infancia. Este consiste en una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

• Menores de tres años: 100 euros.

• Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.

• Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

4. Aplicación de la norma

Es de aplicación lo previsto en el art. 129 LGSS, sin perjuicio de algunas especialidades.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el órgano de reconocimiento y control de la prestación. Como anteriormente indicamos, se abre las puertas a que sean las comunidades autónomas y las entidades locales las que podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que les habilite para ello.

Tras la oportuna el INSS tendrá un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en el registro de dicha solicitud.

5. Obligaciones de los titulares solicitantes

Durante el tiempo de percepción de la prestación, se deberá cumplir lo siguiente:

• Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.

• Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan. Así como el cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.

• Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

• Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español.

• Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.

• Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo (existen excepciones a esta obligación).

• En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

• Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

• Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

¿Cómo debo presentar mi solicitud?

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Hasta aquí llega nuestro resumen de la norma que regulará el Ingreso Mínimo Vital. Si quieres conocer más sobre ella, no dudes en consultar nuestra sección de normativa

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Esta Ley nace con el objetivo de impulsar la creación de empresas y su crecimiento. Dentro de las grandes medidas tomadas, la más destacada es la rebaja del capital inicial necesario. Hasta este momento, para registrar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, era necesario constituirla con un importe mínimo de 3.000 euros.

Con esta medida, España se iguala a países europeos en los que no se necesita un capital mínimo para favorecer el emprendimiento y hacer crecer el entramado empresarial. Para muchos autónomos y empresarios, la necesidad de destinar 3.000 euros para la constitución de una empresa suponía una traba insalvable. Ahora ya pueden dará un paso más en su crecimiento y beneficiarse de las ventajas que se obtienen al constituir una empresa.

Poner fin a la morosidad empresarial

Otras de las medidas que integra esta nueva Ley es la lucha contra la morosidad comercial. Las empresas que quieran ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas deben cumplir los plazos de pago de sus deudas.

La mejora del índice de morosidad traerá estabilidad y seguridad al sistema. Se busca mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.

La facturación electrónica ya llegado para quedarse

El uso de los recursos telemáticos se aplicará para la constitución de las empresas a a través de la ventanilla única del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas). El uso de las nuevas tecnologías servirá para recudir los plazos de creación de empresas, así como los costes notariales y registrales.

La ley plantea un proceso y programación para extender el uso obligatorio de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales. Una empresa mantiene relaciones con una gran cantidad de clientes y empresas. Para luchar contra el fraude y la morosidad, controlar las facturas entre empresas y autónomos, garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos.

Reducir costes de transacción y avanzar en la digitalización de la operativa de las empresas, son las ventajas de implementar la facturación electrónica. Simultáneamente se obtendrá información fiable, sistemática y ágil de los pagos entre empresas. Esta información será analizada por el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, organismo de nueva creación, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

La eficacia y la efectividad a favor del empresario.

Este anteproyecto de Ley busca simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles. Se adaptan a sistemas ya contrastados en otros países miembros de la Unión Europea con un tejido empresarial más fuerte y estable.

Se están dando pasos para unificar criterios económicos y administrativos entre empresas dentro del territorio nacional, buscando la igualdad y mejorando la competitividad dentro de un mercado nacional.

La incorporación al ‘crowdfunding’

Hasta no hace mucho tiempo, la financiación solo la proporcionaban las entidades financieras. En los últimos años, se han creado fórmulas de financiación que agilizan y abaratan el acceso de financiación para las empresas.  El crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo, son algunas de las nuevas herramientas a disposición de las empresas para conseguir la financiación necesaria para sus proyectos.

Siguiendo con la adaptación de la normativa nacional a la regulación europea, introduce más flexibilidad a que estas nuevas operadoras del mercado financieros intervengan en el ámbito empresarial europeo y por tanto en el español.

La ley busca incrementar la protección de los inversores, facilitar la agrupación de los mismos, reducir los costes de gestión y aumentar los límites y los umbrales permitidos por proyecto financiado.

Favorecer la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico, permitirá el crecimiento empresarial al facilitar la financiación a proyectos que, de otras formas, no conseguirían el capital necesario para llevarlas a cabo.

Se incluyen estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.

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En nuestra última entrada de nuestro blog hablamos de los primeros cinco conceptos básico para entender la nueva Ley de Eutanasia que recientemente ha entrado en vigor en todo el territorio español. Hoy finalizamos nuestro listado de los 10 conceptos necesarios para comprender el proceso de solicitud de Eutanasia.

1. La comisión de evaluación, ¿Quiénes son y quien la constituye?

 La existencia de la Comisión de Garantía y Evaluación, en la Ley de Eutanasia y Divorcio Asistido, es la mayor diferencia de nuestro ordenamiento respecto al proceso aplicado a en el resto de países de Europa.

Multidisciplinar y con un mínimo de 7 miembros entre los que habrá juristas, personal médico y de enfermería. Se implantará por cada comunidad autónoma y en cada ciudad autónoma. Dispondrán de un ordenamiento interno propio establecido por los propios miembros de cada comisión y aprobado por el órgano competente de cada administración autonómica.

Anualmente se reunirán los representantes de cada comisión con miembros del ministerio de salud nacional, con el fin de analizar los casos y determinar actuaciones y procesos comunes para todo el ordenamiento nacional.

2. ¿Quién la aplica y donde se puede producir? 

Dependiendo de las situaciones de cada paciente, este podrá solicitar la aplicación de la Eutanasia o el ayuda a morir en el centro sanitario público o privado, en el que se encuentre, o en el propio domicilio del paciente.

En cualquiera de las situaciones, su aplicación queda a cargo del médico responsable del proceso.

3. ¿En qué países se aplica la eutanasia la ayuda a morir? 

Benelux y Canadá tienen una ley de eutanasia en vigor.  Nueva Zelanda ha aprobado una que entrará en vigor en 2021. Varios estados de EE UU y de Australia hay leyes que permiten el ayuda a morir.  En Colombia el Tribunal Constitucional da respaldo legal a la eutanasia, pero el parlamento aún no ha aprobado la ley que lo regule. Al contrario, pasa en Portugal, en el que el parlamento aprobó la ley, pero el constitucional la ha frenado. Suiza presenta un vacío legal que permite la asistencia al suicidio, pero no la Eutanasia.

4. Una vez que se autorice la resolución ¿Puede mi médico responsable negarse a su aplicación? 

Todo profesional directamente implicado, dispone del derecho de la objeción de conciencia, que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito, sin que dicha decisión perjudique moral ni profesionalmente al facultativo. Siendo responsabilidad de la administración sanitaria velar por el cumplimiento de la resolución.

5. ¿Con qué apoyos y rechazos cuenta? 

Desde el principio ha sido una ley muy discutida y que ha generado mucha controversia a todos los niveles, político, jurídico, sanitario y social.

Tres décadas de vaivenes jurídicos e intentos legislativos fallidos, dan respaldo a la falta de unanimidad al respecto de aplicación a esta Ley.

Si bien todos tienen a indicar que, a pesar de esta o no de acuerdo con el fondo de la misma, el proceso de aplicación es totalmente garantista de la ejecución de las decisiones tomadas por el paciente, bajo total libertad, consciencia y conocimiento.

 Si bien la Ley lleva más de tres meses promulgada, y entrado en vigor el pasado 25 de junio de 2021  las comunidades autónomas aún tienen mucho trabajo por hacer. La mayoría no cuenta a día de hoy, con una comisión de evaluación ni disponen de registro de objetores de los médicos que rechazan participar del proceso.

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